Al leer los periódicos o reportajes de televisión sobre el caos que se está desatando actualmente en Afganistán, solo nos encontramos con sorpresa y consternación ante lo que parece ser un giro inexplicable –algunos incluso lo llaman una traición– de Estados Unidos hacia el pobre pueblo afgano y su destino.

Los comentaristas parecen haberse olvidado por completo de el acuerdo de Doha: un acuerdo con la esencia de un verdadero tratado internacional, entre los Estados Unidos y los talibanes, cuyo nombre oficial es: «Acuerdos para traer la paz a Afganistán entre el Emirato Islámico de Afganistán (que no es reconocido como un Estado por Estados Unidos, también conocido como los talibanes) y Estados Unidos», firmado en Doha el 29 de febrero de 2020.

El proceso comenzó en 2018 y, para la ocasión, los talibanes reabrieron su oficina política en la capital de Qatar, Doha, que acogió las reuniones. El gobierno afgano «oficial» no fue invitado a la mesa y las negociaciones «inter-afganas» comenzaron solo en septiembre de 2020, destinadas a regular las relaciones entre el Emirato y el gobierno oficial de Afganistán, que sin embargo; no se llevaron a cabo. Esto ya es indicativo del hecho de que Estados Unidos ha aceptado las premisas del Emirato Islámico de no reconocer al gobierno laico oficial, legitimando y fortaleciendo así su posición en el territorio y condenando al fracaso unas negociaciones inter-afganas posteriores.

Este tipo de diplomacia que excluye a las partes interesadas de la mesa parece típico de la ultima administración de EE. UU . incluso los ahora infames Acuerdos de Abraham, por la paz entre Israel y Palestina, fueron negociados y firmados solo por EE. UU. e Israel, sin ninguna participación de los palestinos y es una expresión de la política de dominación que promueve el imperialismo yanqui. No se trata de mediar entre antagonistas en aras de la paz entre los pueblos, sino simplemente de asegurar la protección de los intereses de Estados Unidos, haciendo que cualquier régimen encaje, siempre y cuando sea capaz de asegurar la estabilidad necesaria para sus fines (donde la estabilidad no es sinónimo de democracia, ni estado de derecho, ni protección de los derechos humanos, ni nada por el estilo: significa organizar un contexto en el que pueda haber intercambios económicos beneficiosos para Estados Unidos).

El contenido del acuerdo de Doha establece que, en esencia, ante la total desvinculación de Estados Unidos del territorio afgano, el Emirato se compromete a no poner en peligro la seguridad de Estados Unidos de ninguna manera y a garantizar su retirada pacífica. También dice que los talibanes deben participar en la lucha contra el terrorismo y, por lo tanto, comprometerse a no tener relaciones ni ofrecer asistencia directa o indirecta a organizaciones terroristas islámicas como el Estado Islámico. También acuerdan que Estados Unidos intervenga en la reconstrucción del territorio, una vez que todo esté en calma.

Solo al final, y ciertamente no como condición, hay una invitación general al Emirato para llegar a un acuerdo con el gobierno oficial. Estados Unidos también se comprometió a eliminar a los líderes talibanes de su lista de terroristas, así como a eliminar las sanciones y promover la misma instancia en el ámbito internacional. En resumen, el único compromiso real que se requiere de los talibanes es no poner en peligro los intereses o la seguridad de Estados Unidos, sin mencionar sobre derechos humanos, la democracia y mucho menos no mencionar la condición de la mujer.

(De izquierda a derecha) El Representante Especial de EE. UU. Para la Reconciliación de Afganistán, Zalmay Khalilzad, y el Co-fundador de los Talibanes, Mullah Abdul Ghani Baradar, firman el acuerdo de paz entre EE. UU. Y los Talibanes, durante una ceremonia en la capital de Qatar, Doha, el 29 de febrero de 2020 (Foto AFP).

Es cierto que fue un acuerdo negociado y firmado por Trump, pero Biden no hizo nada para desautorizarlo (así como no desautorizó los Acuerdos de Abraham), prueba de la firme continuidad en la línea de la política exterior estadounidense, que no expresa diferencia alguna a pesar de que el gobierno se alterna entre demócratas, republicanos o Trump. Prueba de ello es que el jefe de las negociaciones de la delegación estadounidense fue Zalmay Khalilzad, hombre de confianza del gobierno estadounidense en la cuestión afgana desde la década de 1970, y que ha sobrevivido en el cargo a varios presidentes de todos los colores. El silencio de Biden sobre este asunto, exceptuando algunas declaraciones incómodas, es bastante significativo.

En resumen: no fue una sorpresa y efectivamente, ya estaba decidido que ocurriría así. El Gobierno de Estados Unidos, y todos los demás gobiernos, sabían perfectamente lo que significaría para las mujeres, para la democracia y para todos esos valores en nombre de los cuales iniciaron y llevaron a cabo esta guerra, que costó miles de millones de dólares del dinero público y vidas humanas, para demostrar en la práctica que los argumentos son irrelevantes para las decisiones que se toman: lo único importante son los intereses económicos y la seguridad de Estados Unidos. Entre los beneficios no mencionados explícitamente en el acuerdo, también podemos agregar que el ejército, los medios y armamentos relacionados (cuyos 308.000 hombres armados y entrenados por las democracias occidentales ni siquiera han pretendido oponerse al avance y ahora están de hecho al servicio del Emirato ), a través del cual los talibanes podrán dar un paso adelante en la consolidación de su posición geopolítica. Pronto cesará la alarma y veremos la propaganda en acción para normalizar la nueva situación, el tiempo suficiente para conseguirnos los pañuelos adecuados con las barras y estrellas. Mientras tanto, los que destruyeron ya están trabajando para reconstruir. Negocios son negocios.


Fuente: Altrenotizie | Afghanistan, fatti e propaganda

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Michela Arricale

Por Michela Arricale

Abogada y miembro de los "Juristas Democráticos", organización que lucha por la implementación de los principios democráticos y antifascistas. Miembro de la asociación internacional de abogados European Lawyer for Democracy and Human Rights. Observadora en el Tribunal de los Pueblos sobre los crímenes de Turquía contra los kurdos y observadora electoral en las últimas elecciones presidenciales en Venezuela.

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